a) Recibir las peticiones de intervención que formule cualquier persona.

b) Analizar la solicitud de la persona que pide la intervención de la Comisión.

c) Orientar acerca de si los hechos son violatorios de derechos humanos y explicar cuáles son los trámites que deben realizarse y ante qué autoridad o servidor público.

Si en los hechos no intervino ninguna autoridad o servidor público, también se orienta al solicitante, respecto a la autoridad ante quien debe dirigirse para solucionar su problema.

d) Si se advierte alguna violación a derechos humanos, que no sea grave, gestionar ante la autoridad o servidor público que corresponda, la inmediata solución al asunto planteado.

e) Cuando se aprecia la probable violación a derechos humanos, inmediatamente iniciar un expediente de investigación.

Una vez que se tienen todas las pruebas, se determina si se comprobó o no la violación a derechos humanos.

Si se probó plenamente la violación, se puede emitir una conciliación o una recomendación al superior jerárquico de quien la haya cometido, para que se le sancione conforme a la Ley aplicable.

Si no se probó la violación a derechos humanos, el expediente se concluye con un acuerdo de archivo o un acuerdo de no responsabilidad.

f) Supervisar que en el sistema penitenciario estatal no se violen los derechos humanos de los internos y sentenciados.

g) Atiende todas las peticiones que se formulen por probables violaciones a los derechos humanos de mujeres, niños, adultos mayores, personas con capacidad disminuida e indígenas, entre otros.

h) Atender todas las peticiones que le formulen para proporcionar pláticas informativas, organizar talleres, seminarios, cursos y todas las actividades relacionadas con la difusión de los derechos humanos, en los planteles escolares, escuelas secundarias, preparatorias, universidades, asociaciones civiles y, en general, para todos aquellos que se interesen en el conocimiento de los derechos humanos.

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